Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 11, 2015, págs. 91-97
Blas Alberto González Navarro.
Abogado, Socio Fundador Blas A. Gonzalez Abogados.
Magistrado en excedencia. 

RESUMEN: La relación del Derecho Concursal con ciertas concreciones del Derecho Urbanístico en el seno de una insolvencia empresarial, como ocurre en general con las relaciones del primero con otras ramas del ordenamiento jurídico, no siempre es fácil. Estas líneas tratan el problema de cómo calificar concursalmente el crédito de la Junta de Compensación, es decir, el crédito derivado de una derrama a cargo del propietario que, habiéndose adherido a la misma, deja de abonar su cuota de urbanización y luego entra en estado de insolvencia, y con ello, es declarado en concurso. La jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales venía manteniendo que esas cuotas, anteriores en su devengo a la declaración del concurso, debían reconocerse como créditos ordinarios, rechazando la existencia de un privilegio especial. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha llegado recientemente a la conclusión contraria.

Publicado: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, nº 67 septiembre-diciembre 2012, “la siguiente frontera: innovación farmacéutica y competencia desleal”, pags. 175-210.
Blas Alberto González Navarro.
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia. 

RESUMEN: La concesión de una autorización para comercializar un medicamento genérico y la fijación de un precio de referencia, de forma que el laboratorio titular de la autorización puede acceder al mercado de forma inmediata, puede ser considerado, según las circunstancias del caso concreto, como una infracción inminente de la propiedad industrial del laboratorio innovador. Pero incluso de descartarse esa inminencia, se abrió hace algún tiempo un interrogante importante: ¿no supone la conducta del laboratorio del genérico que pide y obtiene esa autorización y ese precio con una antelación injustificada en relación a la extinción de la exclusiva del innovador, un acto de competencia desleal? Se cuenta ya con resoluciones judiciales que apuntan a una respuesta positiva: obstaculización de la prestación del titular de la patente o el CCP, al obligársele a bajar el precio por efecto de la agrupación homogénea y el precio de referencia, cuando el momento de la extinción de la exclusiva está todavía muy lejano. A lo que cabe añadir un efecto promocional ante el prescriptor, que puede optar por un genérico que, en realidad, no está en el mercado ni puede estarlo.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº10, febrero 2013, “La pluralidad de acreedores en el concurso, según la DGRN”, pags. 99-106.
Blas Alberto González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

RESUMEN: La DGRN dictó en el verano pasado una resolución que, como mínimo, merece ser calificada desde la perspectiva concursal como sorprendente. Cambia su criterio, mantenido en las resoluciones de 13 de abril de 2000 y de 29 de abril de 2011, y considera que el procedimiento legal para extinguir una sociedad que carece de bienes con los que satisfacer a su único acreedor es el concurso de acreedores. Es decir, que si un acreedor acude a instar un concurso necesario señalando y afirmando que él es el único acreedor, y sobre todo, si es el deudor el que acude al concurso voluntario afirmando que sólo tiene un acreedor al que no puede pagar, es el Juez de lo Mercantil el que debe ocuparse de extinguir la compañía. Se analiza en estas líneas esa resolución y se le somete a una primera crítica.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 7 (noviembre 2013), 2013. “Las patentes farmacéuticas en caso de infracción inminente y la adopción de medidas cautelares”, págs. 27-34.
Blas A. González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

RESUMEN: La inminencia de la infracción no es sólo una cuestión de peligro en la demora, sino también y sobre todo una cuestión de apariencia de buen derecho, pues lo que el Tribunal debe valorar es si concurre o no uno de los elementos centrales de la norma, aquél que abre precisamente la puerta a la protección cautelar y previa de la propiedad industrial. El artículo explica los principales criterios empleados en los tribunales para valorar la inminencia.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº4, julio 2013, “Los honorarios de la administración concursal en caso de conclusión anticipada por insuficiencia de masa”, pags. 29-36.
Texto coincidente con la ponencia dada por el autor en el I Foro Concursal de Andalucía de FUNDIECO, Sevilla, 16 de mayo de 2013.
Blas A. González Navarro
Magistrado en excedencia.
Abogado, socio Cuatrecasas.

RESUMEN: La retribución de la administración concursal en un caso del artículo 176bis2 se devenga, exactamente como en las fases anteriores, por el trabajo desempeñado por quien administra el concurso, algo de lo que, como dicen los artículos 36 y 181, debe rendir cuentas y por lo que está sujeto a responsabilidad. No hay motivo alguno para entender que, si ello es imprescindible para que el proceso concursal exista y avance, ha dejado de serlo para practicar las diligencias de enajenación de activos y pago de los créditos contra la masa, debiendo entenderse incluidos sus honorarios en la excepción que el artículo 176bis2 impone al orden de pagos de los mismos. El juez del concurso podrá fijar esos honorarios en esa fase de conclusión (que no de liquidación), considerando que, aunque en rigor ya está abierta o la fase común o una fase temprana de liquidación, se trata de una liquidación sólo para créditos contra la masa y como causa específica de conclusión: la misma retribución que en la liquidación propiamente dicha, a prorrata como dice para los demás créditos contra la masa del artículo 176bis2… Soluciones racionales y adecuadas al caso concreto: todo antes de negar el derecho a cobrar por el servicio que se presta.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº2, mayo 2014, “El nuevo artículo 5bis de la ley Concursal tras la reforma de 2014”, pags. 43-51.
Blas A. González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

RESUMEN: De nuevo mediante un decreto-ley por razones de urgencia, el legislador avanza en el Derecho Preconcursal y nos ofrece una nueva versión de la comunicación previa de negociaciones. El nuevo artículo 5 bis de la Ley Concursal nos muestra que la institución se hace mayor: de un mero escudo protector orientado a ganar tiempo, la figura pasa en 2014 a ser una auténtica barrera temporal a las ejecuciones singulares, como protección de las negociaciones que conduzcan a un acuerdo de refinanciación. ¿Cuál es ahora la posición del Juez mercantil ante esa nueva comunicación, dirigida en principio al Secretario Judicial? El precepto guarda silencio en torno al efecto nuclear y novedoso de la comunicación previa: la valoración de la necesariedad de los bienes para la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, que son los que permitirán paralizar las ejecuciones.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº 4/2014, “Protección de los embargos administrativos en el concurso de acreedores: a propósito de la STCJ de 31 de marzo de 2014”.
Blas A. González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

RESUMEN: La STCJ de 31 de marzo de 2014, publicada en el BOE de 20 de mayo, evidencia las contradicciones de un sistema que obliga a mantener intactos los embargos administrativos pero que, a la vez, debe por fuerza habilitar caminos para que el concurso cumpla con su función. La pregunta subyacente es si realmente la norma lo permite y no es todo un mero ejercicio de voluntarismo ante la tozudez de un precepto que, simplemente, desprecia la función concursal. Ello quizás lleve a reflexionar sobre la extensión de los privilegios de los créditos públicos en el escenario del concurso de acreedores y, en general, sobre su misma posición ante las crisis empresariales. La lucha intensa que desde las instancias ministeriales se ha venido planteando ante la consabida poda de privilegios que en su día acometió el legislador con la vigente Ley Concursal ha obtenido en los dos últimos años frutos especialmente rentables para la Administración y, lamentablemente, sangrantes para el tejido productivo.

Publicado: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, nº 72 mayo-agosto 2014, “La creación de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual según la Ley de garantía de la Unidad de Mercado y la Ley de Propiedad Intelectual”, pags. 95-103.
Blas A. González Navarro
Magistrado mercantil en excedencia.
Abogado, socio Cuatrecasas.

RESUMEN: El régimen de libre constitución de entidades de gestión de propiedad intelectual que ha diseñado la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, modificando de forma casi subrepticia una legislación entonces plenamente coordinada no ya con la Ley de Propiedad Intelectual española, sino con la normativa comunitaria, no es deseable ni favorece los intereses de la propiedad intelectual y su defensa. Es cierto que, mientras la norma de la LPI siga vigente, evidentemente habrá que aplicar la LPI y no la LGUM, reivindicando la especialidad de la primera en relación a la generalidad de la segunda. Pero la contradicción generada merece ser criticada: la propiedad intelectual es desde luego una razón de interés general, en el sentido comunitario, y debe concretarse en que el acceso a la gestión de este tipo de derechos privados no deba hacerse si no es con autorización administrativa, previa y con información exhaustiva. La reforma de la LPI en marcha sería un buen momento para hacer coincidir de nuevo las dos leyes implicadas y asegurar la más completa protección posible de los derechos de propiedad intelectual.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº 9/10 de 2014, “Ley Concursal y rescisión de garantías financieras: la aplicación irretroactiva del fraude de acreedores”.
Blas A. Gonzalez Navarro
Magistrado en excedencia.
Abogado, socio Cuatrecasas.

RESUMEN: El escenario jurídico que describen estas líneas es el de una acción rescisoria concursal, destinada a reintegrar la masa activa mediante la liberación de una garantía incluida en el Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo, y la posible activación del blindaje que ofrece su artículo 15.5, pero no en su redacción vigente en el momento de producirse los hechos, sino en la vigente en el momento de sentenciar, es decir, aplicando retroactivamente la antigua redacción. ¿Por qué habría una de las partes estar interesada en ello? Evidentemente, porque la antigua redacción exigía para rescindir una garantía financiera afectada por el RD-Ley 5/2005 el perjuicio para los acreedores, mientras que la reforma operada en 2011 ha vuelto a establecer un requisito mucho más exigente, como es el fraude a los acreedores, lo que para las entidades financieras demandadas supone un trato más favorable. La respuesta ofrecida por el Tribunal Supremo español ha sido negativa.

Publicado: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, nº 73 septiembre-diciembre 2014, monográfico “Retos actuales y futuros en materia de patentes”, con “El efecto retroactivo del ADPIC sobre las patentes de producto farmacéutico en España: estado de la cuestión en los Tribunales”, pags. 5-48.

Blas A. González Navarro.
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

RESUMEN: Es objeto de estas líneas efectuar una descripción actualizada del panorama legal y jurisprudencial español respecto de una de las grandes cuestiones planteadas en España en Derecho de patentes. Frente a quienes mantienen y siguen manteniendo que el ADPIC prácticamente resultó irrelevante, pues carece de retroactividad y eficacia directa para los ciudadanos y sus derechos privados, la jurisprudencia española ha comprendido y afirmado con rotundidad que la firma del ADPIC por España llevó consigo una protección integral a la materia patentable existente en ese momento y que, por tanto, patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes para proteger tanto el producto como el procedimiento pero que no pudieron traducirse como patentes de producto en España por mor de la reserva al Convenio de la Patente Europea de 1973 (CPE), sí que podían acceder a la OEPM para protegerlo. Dado que el debate se ha cerrado en nuestro país, favoreciendo la jurisprudencia una traducción revisada de las patentes concedidas para proteger el producto y el procedimiento pero inicialmente sólo registradas en España como de procedimiento, la discusión se traslada al ámbito del TJUE, y ello con dos objetivos: primero, obtener una resolución del Tribunal de Luxemburgo que llegue a una conclusión contraria a la mantenida en suelo español, y segundo, tratar con estas resoluciones de enervar la eficacia de las sentencias firmes españolas. Ninguna de esas pretensiones tiene sustento jurídico.