Publicado: CONFILEGAL.com, “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: más problemas que soluciones”, 4 de diciembre de 2014.
Blas A. González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia.

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) de 1996, entrará en vigor, salvo alguna excepción, en enero de 2015, pero desde el mismo momento en que se publicó el Anteproyecto, y más aún tras la tramitación parlamentaria sufrida por el Proyecto de Ley y la publicación final de la reforma, las críticas que la nueva LPI está recibiendo han sido aceradas y constantes. Es difícil generar tanto consenso en el desencanto, y aunque esto pudiera indicar que la llamada Ley Lassalle ha resultado equidistante de todos los intereses en juego, en realidad ocurre que la reforma se ha movido, y esto resulta especialmente sangrante para los juristas, en un terreno de enorme incertidumbre.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº 3/ 2015, “Ley Concursal: la ejecución para pago de los créditos contra la masa”, pags. 25-32.
Blas A. González Navarro
Magistrado en excedencia.
Abogado, socio Cuatrecasas.

RESUMEN: ¿Puede realmente Hacienda y la TGSS hacerse con parte del patrimonio del deudor al margen del concurso y cuando éste se está desarrollando para cobrar créditos contra la masa, posteriores a la su declaración? La necesidad de interpretar el artículo 84.4 de la Ley Concursal a la luz de preceptos nucleares de la misma dio lugar a un intenso debate (otro más) entre quienes propugnaban una interpretación armónica con el principio de la LC y la letra de otros artículos, que cerraban el paso a esas ejecuciones separadas, y aquellos otros que enfatizaron la necesidad de interpretar la literalidad del precepto si este era suficiente claro. La STS de 12 de diciembre de 2014 ha resuelto la cuestión: abierta la liquidación, esas ejecuciones separadas no son posibles. La apertura de la liquidación antes del transcurso de un año desde la declaración impedirá al crédito público contra la masa acudir al apremio administrativo para cobrar.

Publicado: Revista Aranzadi Doctrinal nº 5/ 2015, “Propiedad industrial y competencia territorial en la reforma de la Ley de Patentes: la concentración especializada”, pags. 27-35.
Blas Alberto González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas.
Magistrado en excedencia. 

RESUMEN: La concentración territorial de la competencia judicial en los Juzgados de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia no obedecía, como por error se ha venido manteniendo, a razones de especialización técnica, sino a la necesidad de lograr pronunciamientos coherentes y solventes en esa materia, lo que se produce cuando los tribunales adquieren, merced a la experiencia, masa crítica suficiente sobre propiedad industrial. La reforma proyectada de la Ley de Patentes española confirma este criterio, lo salvaguarda, acaba con la tesis de quienes propugnan la dispersión de estos litigios entre todos los jueces de lo mercantil e, incluso, da un paso más allá y llega a la concentración especializada, en virtud de la cual sólo los jueces mercantiles de la ciudad sede del TSJ a la que el CGPJ haya atribuido en exclusiva ese conocimiento serán los competentes.

Publicado: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, nº 75 mayo-agosto 2015, “La Ley Concursal en constante evolución: últimas reformas”, pags. 47-69.
Blas A. González Navarro
Magistrado mercantil en excedencia.
Abogado, socio Cuatrecasas.

RESUMEN: La situación crítica que la economía española, y con ella las empresas y las familias españolas, han atravesado, así como las consecuencias que aún hoy son palpables en nuestro tejido empresarial, hizo necesaria una reforma de nuestra legislación sobre la insolvencia. Lamentablemente, este proceso de reforma no supo preverse y no ha sido abordado de una forma sistemática y a fondo, traducida en un texto definitivo y fruto de un debate sosegado, sino que se ha optado por un universo de reformas parciales construidas sobre decretos leyes y normas de urgencia, cada una de ellas con un objetivo central diferente aunque solapando cambios en las instituciones del proceso concursal y en las puramente preconcursales. El resultado es una reforma muy compleja y confusa, que exige al operador el manejo de textos siempre actualizados y una atención permanente a las reformas, que no parecen estar próximas a su fin. El presente artículo pasa revista a las últimas  producidas.

Publicado: Cuadernos de Derecho Farmacéutico, nº 49 abril-junio 2014, “A vueltas con la bioapariencia y su licitud como argumento comercial”, pags. 6-13.
Blas A. González Navarro
Abogado, socio Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira.
Magistrado en excedencia.

El interés de las autoridades sanitarias, pacientes y asociaciones médicas en que no disminuya la adherencia a los tratamientos en pacientes polimedicados, generalmente mayores y crónicos, por mor de la sustitución de las formas, tamaños y colores de las pastillas, es ciertamente lógico. Hablamos de un problema serio. Sin embargo, lo que en el terreno de lo público es evidente, choca sin embargo al llegar al mundo privado del tráfico mercantil con derechos legalmente concedidos y previos, como son los que ostentan los laboratorios innovadores en relación a esos comprimidos, derechos unas veces de propiedad industrial, otras veces relativos a la competencia desleal. En todo caso, y sin perjuicio de avanzar en el camino de la imposición legal de la isoapariencia en la medida de lo posible, por ejemplo respecto de los nuevos fármacos genéricos que accedan al mercado, desde la perspectiva jurídico-privada se asiste a imitaciones que pretenden colocar a la prestación del equivalente genérico en mejor posición comercial, aprovechándose del esfuerzo y, sobre todo, la reputación ajena, lo que puede integrar un acto de imitación desleal prohibida según el artículo 11 de la LCD o una publicidad adhesiva igualmente prohibida en su artículo 10.