El siguiente paso ineludible en la construcción de un auténtico sistema integrado de reestructuración preventiva: la levedad de los actuales mecanismos de alerta temprana en España


Autor
Blas A. González Magistrado en excedencia, especialista CGPJ asuntos mercantiles. Abogado.

Expuesto en
Jornadas de Estudio de la Insolvencia del País Vasco, San Sebastián, 25 de enero de 2024

Introducción
El derecho español de la insolvencia se ha ido construyendo, debido a su evolución histórica, en tres pasos hacia atrás, tres pasos desde la última frontera hacia la primera: desde el proceso concursal hacia la preconcursalidad, es decir, desde la completa judicialización en casos de insolvencia actual, hasta un menor grado de intervención judicial en casos de insolvencia inminente o probable, más propicias a soluciones de autocomposición de deudores y acreedores. Parece lógico. Cuando en 2003 se hace pública la nueva Ley Concursal (LC 2003), en vigor desde el 1 de septiembre de 2004, la clave estaba en saber cómo modernizar el viejo Derecho Mercantil de quiebras y suspensiones de pagos, o las instituciones tan en desuso del deudor civil en la LEC, normas vetustas de 1885 o 1922, para las que el derecho preconcursal era ciencia ficción. La LC 2003 coloca a España dentro del club de los países con una normativa moderna y equiparable en lo que hace a la concepción y funcionamiento de un procedimiento judicial de carácter universal, al que concurrieran todos los acreedores de un mismo deudor, comercial o civil, persona física o persona jurídica, en insolvencia actual o en insolvencia inminente, un proceso orientado, como solución natural, al convenio entre todos ellos, al mantenimiento del tejido productivo, o en su caso, a una liquidación ordenada.

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