{"id":2289,"date":"2015-05-23T01:01:00","date_gmt":"2015-05-23T01:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blasgonzalez.com\/new\/?p=2289"},"modified":"2020-02-23T01:31:29","modified_gmt":"2020-02-23T01:31:29","slug":"la-ley-concursal-en-constante-evolucion-ultimas-reformas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/la-ley-concursal-en-constante-evolucion-ultimas-reformas\/","title":{"rendered":"La Ley Concursal, en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"articulos\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Art\u00edculos de inter\u00e9s<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

La Ley Concursal, en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas<\/h2>\n

\n \n DESCARGAR ART\u00cdCULO EN PDF\n <\/a>\n<\/p>\n\n\n

Publicado:<\/p>\n

Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, n\u00ba 75 mayo-agosto 2015, \u201cLa Ley Concursal en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas\u201d, pags. 47-69.<\/p>\n

Autor:<\/p>\n

\nBlas A. Gonz\u00e1lez Navarro
\nSocio fundador Blas A. Gonzalez Abogados
\nAbogado, ex-socio Cuatrecasas.
\nMagistrado en excedencia. \n<\/p>\n

RESUMEN<\/p>\n

\nLa situaci\u00f3n cr\u00edtica que la econom\u00eda espa\u00f1ola, y con ella las empresas y las familias espa\u00f1olas, han atravesado, as\u00ed como las consecuencias que a\u00fan hoy son palpables en nuestro tejido empresarial, hizo necesaria una reforma de nuestra legislaci\u00f3n sobre la insolvencia. Lamentablemente, este proceso de reforma no supo preverse y no ha sido abordado de una forma sistem\u00e1tica y a fondo, traducida en un texto definitivo y fruto de un debate sosegado, sino que se ha optado por un universo de reformas parciales construidas sobre decretos leyes y normas de urgencia, cada una de ellas con un objetivo central diferente aunque solapando cambios en las instituciones del proceso concursal y en las puramente preconcursales. El resultado es una reforma muy compleja y confusa, que exige al operador el manejo de textos siempre actualizados y una atenci\u00f3n permanente a las reformas, que no parecen estar pr\u00f3ximas a su fin. El presente art\u00edculo pasa revista a las \u00faltimas producidas.\n<\/p>\n\n

INTRODUCCI\u00d3N<\/p>\n\n\n

La Ley Concursal (Ley 22\/2003, de 9 de julio, en adelante LC), alabada desde su nacimiento y posterior entrada en vigor - en septiembre de 2004 - como la norma que instalaba a Espa\u00f1a en la modernidad del Derecho sobre la insolvencia, era una criatura en plena fase de crecimiento y consolidaci\u00f3n cuando lleg\u00f3 la hist\u00f3rica crisis que ha padecido el pa\u00eds, cuyos efectos todav\u00eda son patentes. Pensada y dise\u00f1ada en tiempos de bonanza, era incapaz de digerir el aluvi\u00f3n de concursos que de un a\u00f1o para otro se presentaron en los Juzgados de lo Mercantil, abocados tambi\u00e9n a un colapso que en la actualidad sufrimos, no ya s\u00f3lo en el mundo concursal, sino tambi\u00e9n en otras materias competencia de estos \u00f3rganos jurisdiccionales, se\u00f1aladamente la propiedad industrial. La tensi\u00f3n que la crisis supuso para las instituciones concursales acab\u00f3 por cristalizar en conclusiones bien contrastadas en la pr\u00e1ctica: la rigidez de la norma para salvar empresas, el riesgo cierto de que cualquier refinanciaci\u00f3n que se otorgara a una compa\u00f1\u00eda en crisis fuera posteriormente rescindida si el concurso acababa por llegar, la estrechez de los cauces liquidatorios judiciales para transmitir empresas y unidades productivas, la inexistencia de instrumentos preconcursales que evitaran el procedimiento judicial, el creciente problema de la insolvencia de personas f\u00edsicas, consumidores, familias\u2026<\/p>\n\n

\nFue por eso que, sin perjuicio de alg\u00fan retoque espec\u00edfico, a partir de 2009 la LC entrara en un proceso de constante evoluci\u00f3n y reforma. Desgraciadamente, no se ha contado con un proyecto de reforma global y sistem\u00e1tico, sino con reformas de m\u00e1s o menos entidad auspiciadas por la urgencia del momento hist\u00f3rico que vive y viv\u00eda la econom\u00eda del pa\u00eds, concretadas en legislaciones de urgencia, decretos-leyes que luego eran confirmados y acompa\u00f1ados de nuevas reformas en la ley correspondiente, que seguidamente han sido completadas por nuevos decretos-leyes y leyes de confirmaci\u00f3n que han reiniciado el proceso. As\u00ed, aunque tras la Ley 38\/2011, en vigor desde comienzos de 2012, la LC recibi\u00f3 una modificaci\u00f3n de enjundia, seguida de la introducci\u00f3n de los acuerdos prejudiciales de pago para peque\u00f1os empresarios y la mediaci\u00f3n concursal, la decisi\u00f3n del legislador de entonces de no abordar en ese momento, cuando tocaba, el problema que supon\u00eda la absoluta carencia de mecanismos preconcursales verdaderamente eficaces, que permitieran refinanciar sin miedo y con garant\u00edas de seguridad jur\u00eddica a las empresas espa\u00f1olas, o el problema real de los deudores vulnerables y peque\u00f1os empresarios, se ha concretado en un roseteo de reformas parciales a lo largo de 2014, que nos tiene a los operadores jur\u00eddicos sumidos en el estudio y la incertidumbre permanentes, esperanzados en la idea de que por fin el modelo se asentar\u00e1 y el pa\u00eds contar\u00e1 con la LC que realmente quiere tener. Como veremos, ni siquiera al escribir estas l\u00edneas el proceso ha acabado: la reforma operada en febrero de 2015 para la llamada segunda oportunidad, de nuevo urgente y v\u00eda decreto-ley, va a ser confirmada por una ley de reforma de la LC que, de nuevo, introducir\u00e1 reformas de calado. Seguiremos atentos, por supuesto.<\/p>\n\n

\nEl prop\u00f3sito de estas l\u00edneas, por tanto, es modesto, aunque de evidente utilidad si prospera: recoger en un documento global las \u00faltimas reformas que ha experimentado la LC y, con ello, plasmar en una fotograf\u00eda el estado de la cuesti\u00f3n. <\/p>\n\n

1.- MARZO DE 2014: EL DERECHO PRECONCURSAL AVANZA.<\/p>\n\n

\nEl 8 de marzo de 2014 se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto-ley 4\/2014, de 7 de marzo, de medidas urgentes en materia de refinanciaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de deuda empresarial.<\/p>\n\n

\nNo todas las reformas que introdujo el RDL 4\/2014 se refer\u00edan a las refinanciaciones: por ejemplo, se introdujo una importante novedad a la hora de que, declarado un concurso, se paralizasen las ejecuciones de garant\u00edas reales sobre bienes del concursado, una paralizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 56, enormemente relevante para las entidades financieras y las Administraciones P\u00fablicas, que desde que se alumbr\u00f3 la LC rige hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a este derecho o transcurra un a\u00f1o desde la declaraci\u00f3n de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidaci\u00f3n. La novedad de marzo de 2014 consisti\u00f3 en que, si bien solo se paralizan las ejecuciones de bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial (el art\u00edculo 56 antes se aplicaba a los bienes afectos a la actividad profesional o empresarial, una noci\u00f3n de perfiles poco n\u00edtidos), ya no se consideran bienes necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiaci\u00f3n, siempre que la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda constituida sobre ellas no suponga causa de resoluci\u00f3n o modificaci\u00f3n de las relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor mantener la explotaci\u00f3n del activo.<\/p>\n\n

\nPero la importancia del RDL 4\/2014 radica, desde luego, en que ha impulsado aquello que en la reforma que entr\u00f3 en vigor s\u00f3lo dos a\u00f1os antes, a comienzos de 2012, s\u00f3lo se quiso anticipar t\u00edmidamente, proyectar, anunciar: el Derecho Preconcursal. Era necesario introducir definitivamente instituciones \u00e1giles, eficaces y eficientes, que permitieran a la empresa que detecta que se encuentra en estado de insolvencia resolver la situaci\u00f3n sin necesidad de verse abocada necesariamente a un proceso judicial que resulta largo, costoso y de resultado incierto.<\/p>\n\n

\nEl RDL 4\/2014 entr\u00f3 en vigor el 9 de marzo de 2014, y sus principales novedades fueron \u00e9stas:<\/p>\n\n

1.1.- La nueva comunicaci\u00f3n previa del art\u00edculo 5 bis.<\/p>\n\n

\nProcedente de la reforma operada en marzo de 2009 (entonces la norma era el viejo art\u00edculo 5.3 de la LC) y reflejada en lo que la pr\u00e1ctica y la prensa ha dado en llamar el \u201cpreconcurso\u201d, el art. 5 bis LC libera al deudor de su obligaci\u00f3n de solicitar el concurso en los dos meses siguientes al momento en que detecta o debi\u00f3 detectar su insolvencia, siempre que, en ese mismo plazo, comunique al Juzgado el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciaci\u00f3n o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (o, en el caso del acuerdo extrajudicial de pagos, lo comunique el registrador o notario, de oficio). Este - llamado por la doctrina - escudo protector (porque protege al deudor de la presentaci\u00f3n de un concurso necesario durante un total de cuatro meses), es retocado por el RDL 4\/2014 para atribuirle un efecto adicional y muy relevante: las ejecuciones judiciales de bienes del deudor que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podr\u00e1n iniciarse, y las iniciadas quedar\u00e1n suspendidas, durante el plazo que medie entre la presentaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n al Juzgado y la formalizaci\u00f3n del acuerdo de refinanciaci\u00f3n, la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la solicitud para su homologaci\u00f3n, la adopci\u00f3n de un acuerdo extrajudicial de pagos, la obtenci\u00f3n de las mayor\u00edas necesarias para la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de una propuesta anticipada de convenio o la declaraci\u00f3n de concurso, sin que dicho plazo pueda exceder de cuatro meses.<\/p>\n\n

\nTampoco podr\u00e1n iniciarse, y las iniciadas quedar\u00e1n suspendidas, las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros (referidos en la Disp. Ad. 4\u00aa al tratar la homologaci\u00f3n de acuerdos de refinanciaci\u00f3n), cuando se justifique el apoyo expreso de al menos el 51% del pasivo financiero al inicio de las negociaciones para la suscripci\u00f3n del acuerdo de refinanciaci\u00f3n y el compromiso de no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor durante dichas negociaciones (el llamado standstill). Las ejecuciones de garant\u00edas reales s\u00ed podr\u00e1n iniciarse, pero se ver\u00e1n afectadas por la paralizaci\u00f3n durante el plazo citado; sin embargo, y en un nuevo af\u00e1n de proteger el cr\u00e9dito p\u00fablico que ha sido muy criticado, las ejecuciones administrativas de cr\u00e9ditos de derecho p\u00fablico quedan expresamente excluidas de esta previsi\u00f3n.<\/p>\n\n

\nAdem\u00e1s, se estableci\u00f3 en marzo de 2014 que la presentaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n del art. 5bis LC se publicar\u00e1 en el Registro P\u00fablico Concursal, aunque se permite al deudor, a la vista de las circunstancias del caso, solicitar el car\u00e1cter reservado de la comunicaci\u00f3n previa, en cuyo caso no se publicar\u00e1 el extracto de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n

1.2.- Los acuerdos de refinanciaci\u00f3n y su blindaje.<\/p>\n\n

\nEl art\u00edculo 71 de la LC ha sido la norma que, tras la denostada \u00e9poca del art\u00edculo 878 del C\u00f3digo de Comercio y la inseguridad jur\u00eddica que generaba la retroacci\u00f3n de la quiebra, se\u00f1al\u00f3 la regla general, acompa\u00f1ada de ciertas presunciones iuris tantum e iuris et de iure, de que pueden rescindirse todos los actos llevados a cabo por el deudor en los dos a\u00f1os anteriores al concurso que resultaren perjudiciales para la masa activa, entendiendo este concepto, el perjuicio, en un sentido objetivo y libre de toda referencia a la existencia o no de fraude a los acreedores. Fue por ello que, al surgir la necesidad de refinanciar a una empresa, el riesgo de que esa refinanciaci\u00f3n, generalmente dotada de nuevas garant\u00edas para quien refinancia, fuera posteriormente rescindida bloqueara muchas de las primeras refinanciaciones que llegaron a la mesa de las entidades financieras en los primeros tiempos de la crisis. Este bloqueo a las refinanciaciones, por supuesto, fue sumamente perjudicial para las empresas que precisaban de ellas, sobre todo PYMES. Las iniciativas, por tanto, para reformar el r\u00e9gimen general de las acciones rescisorias pasaba ineludiblemente por incluir un blindaje especial para las refinanciaciones, y ello se incluy\u00f3 en 2012 en el antiguo art\u00edculo 71.6 LC.<\/p>\n\n

\nPues bien, el RDL 4\/2014 saca este r\u00e9gimen de blindaje de las refinanciaciones del art\u00edculo 71 y crea el nuevo art\u00edculo 71bis, que recoge el sistema especial ya existente en ese momento aunque avanzando en \u00e9l. As\u00ed, el art\u00edculo 71bis distingue dos tipos de acuerdos de refinanciaci\u00f3n, colectivos y singulares.<\/p>\n\n

\nLos primeros, los acuerdos colectivos de refinanciaci\u00f3n, que antes se encontraban en el art\u00edculo 71.6, son aqu\u00e9llos que alcance el deudor con acreedores cuyos cr\u00e9ditos representen al menos los 3\/5 de su pasivo a la fecha del acuerdo (lo que se acreditar\u00e1, no como antes, por informe favorable de un experto independiente, sino mediante certificaci\u00f3n de auditor), que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de su actividad en el corto y medio plazo, que supongan una ampliaci\u00f3n significativa del cr\u00e9dito disponible o la modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de sus obligaciones (por extensi\u00f3n del plazo acordado inicialmente o por sustituci\u00f3n de tales obligaciones por otras nuevas), y que se formalicen en instrumento p\u00fablico.<\/p>\n\n

\nLos segundos, los acuerdos singulares de refinanciaci\u00f3n, pueden suscribirse por el deudor sin necesidad de contar a su favor con una mayor\u00eda concreta de su pasivo, es decir, pueden firmarse con un solo acreedor, pero exigen unas condiciones fijadas legalmente en cuanto a su contenido: que incrementen la proporci\u00f3n de activo sobre pasivo, que supongan que el activo corriente resultante iguale o supere al pasivo corriente, que el valor de las garant\u00edas resultantes (definido en la Disp. Ad 4\u00aa) no exceda de los 9\/10 de la deuda subsistente a favor de los acreedores intervinientes en el acuerdo ni de la proporci\u00f3n de garant\u00edas sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo, que el tipo de inter\u00e9s de la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciaci\u00f3n no exceda en m\u00e1s de 1\/3 al aplicable a la deuda previa, y que se formalicen en instrumento p\u00fablico con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista econ\u00f3mico, los diversos actos o negocios realizados entre el deudor y los acreedores.<\/p>\n\n

\nAdem\u00e1s, el RDL 4\/2014 modific\u00f3 el art\u00edculo 72 LC, que regula el ejercicio de las acciones rescisorias, se\u00f1alando que la administraci\u00f3n concursal ser\u00e1 la \u00fanica legitimada para ello y que la acci\u00f3n rescisoria \u00fanicamente podr\u00e1 fundarse en el incumplimiento de las condiciones anteriores.<\/p>\n\n\n\n

1.3.- La homologaci\u00f3n judicial de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n.<\/p>\n\n

\nUno de los n\u00facleos de toda normativa de Derecho Preconcursal es, por supuesto, no s\u00f3lo permitir que los acreedores y el deudor lleguen a soluciones autocompositivas, sino igualmente la posibilidad de que este tipo de acuerdos puedan ser homologados judicialmente, lo que generalmente, adem\u00e1s de seguridad jur\u00eddica y la consiguiente suspensi\u00f3n de las ejecuciones singulares, tiene un prop\u00f3sito claro: la extensi\u00f3n de los efectos del acuerdo incluso a los acreedores disidentes.<\/p>\n\n

\nEl RDL 4\/2014 avanza a\u00fan m\u00e1s en esta l\u00ednea, permitiendo la homologaci\u00f3n de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n que cumplan ciertos requisitos en el momento de su adopci\u00f3n, muchos de ellos procedentes de los acuerdos con blindaje que acabamos de ver en el art\u00edculo 71bis. As\u00ed, para homologar ante el Juez los acuerdos de refinanciaci\u00f3n ser\u00e1 preciso:<\/p>\n\n

\nQue hayan sido suscritos por acreedores que representen el 51% de los pasivos financieros (y no ya, como antes, solamente los pasivos \u201ctitularidad de entidades financieras\u201d). Quedaron de nuevo excluidos expresamente los acreedores de derecho p\u00fablico y a los acreedores por operaciones comerciales, si bien se permiti\u00f3 a estos \u00faltimos su adhesi\u00f3n voluntaria al acuerdo. No obstante, para calcular ese qu\u00f3rum del 51% no se tendr\u00e1n en cuenta ni a los acreedores comerciales que se hayan adherido de forma voluntaria al acuerdo, ni los pasivos financieros titularidad de acreedores que sean personas especialmente relacionadas con el deudor (a los que, sin embargo, se les extienden los efectos de la refinanciaci\u00f3n si \u00e9sta es homologada). <\/p>\n

\nQue supongan una ampliaci\u00f3n significativa del cr\u00e9dito disponible o la modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de sus obligaciones, bien mediante pr\u00f3rroga de su plazo de vencimiento o bien mediante el establecimiento de otras contra\u00eddas en sustituci\u00f3n de aquellas. <\/p>\n

\nQue respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor en el corto y medio plazo.<\/p>\n

\nQue la suficiencia del pasivo exigido se certifique por el auditor de la sociedad o, de no existir, el designado a tal efecto.<\/p>\n

\nQue el acuerdo se formalice en instrumento p\u00fablico uniendo los documentos que justifiquen su contenido. <\/p>\n\n

\nSi el juez concede esa homologaci\u00f3n judicial, los efectos del acuerdo homologado depender\u00e1n de si el acreedor goza o no de garant\u00edas reales.<\/p>\n\n

\nSi se trata de acreedores sin garant\u00eda real, se establecen dos escalones:<\/p>\n\n\n

Si el acuerdo de refinanciaci\u00f3n es suscrito por acreedores que representan al menos el 60% del pasivo financiero, se les extender\u00e1n a todos ellos, incluidos los disidentes, las esperas de todo tipo pactadas - sin que puedan superar el plazo de cinco a\u00f1os -, o la conversi\u00f3n de la deuda en pr\u00e9stamos participativos durante el mismo plazo m\u00e1ximo; <\/p>\n\n

\nSi el acuerdo de refinanciaci\u00f3n es suscrito por acreedores que representan al menos el 75% del pasivo financiero, se extender\u00e1n las esperas no superiores a diez a\u00f1os, las quitas acordadas, la conversi\u00f3n de cr\u00e9ditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora (aunque en este caso los acreedores disidentes deben indicar que optan por la capitalizaci\u00f3n porque, si no dicen nada, sufrir\u00e1n una quita por el importe del capital y prima que les hubiera debido corresponder en la capitalizaci\u00f3n), la transformaci\u00f3n de la deuda en instrumentos financieros de rango, vencimiento o caracter\u00edsticas distintas de la deuda original (pr\u00e9stamos participativos -cuyo plazo no podr\u00e1 ser superior a diez a\u00f1os-, obligaciones convertibles, pr\u00e9stamos subordinados y pr\u00e9stamos con intereses capitalizables), y las cesiones en pago que se hubieran pactado en el acuerdo.<\/p>\n\n

La novedad del RDL 4\/2014, sin embargo, fue que introdujo la posibilidad de que un acuerdo homologado pudiera extenderse a acreedores con garant\u00eda real. A este efecto, se distingui\u00f3 la parte de los cr\u00e9ditos que exceda del valor de la garant\u00eda real (que se ocupa de definir y fijar, junto al concepto de valor razonable, en el apartado 2 de la Disp. Ad. 4\u00aa, y que sigue exigiendo informe de experto independiente), de la parte que no exceda de dicho valor:<\/p>\n\n

\nLa novedad del RDL 4\/2014, sin embargo, fue que introdujo la posibilidad de que un acuerdo homologado pudiera extenderse a acreedores con garant\u00eda real. A este efecto, se distingui\u00f3 la parte de los cr\u00e9ditos que exceda del valor de la garant\u00eda real (que se ocupa de definir y fijar, junto al concepto de valor razonable, en el apartado 2 de la Disp. Ad. 4\u00aa, y que sigue exigiendo informe de experto independiente), de la parte que no exceda de dicho valor:<\/p>\n\n

\nEn la parte que exceda del valor de la garant\u00eda real, los efectos se extender\u00e1n a los disidentes seg\u00fan lo establecido, l\u00f3gicamente, para los acreedores sin garant\u00eda.<\/p>\n\n

\nEn la parte que no exceda del valor de la garant\u00eda real, se extender\u00e1n los efectos antes mencionados para cuando no es acreedor garantizado, siempre que uno o m\u00e1s de dichos efectos hayan sido acordados por estas dos mayor\u00edas, calculadas ahora en funci\u00f3n de la proporci\u00f3n entre acreedores con garant\u00eda real adheridos y la totalidad de la deuda con garant\u00eda real: 65%, cuando se trate de las medidas previstas en el primer escal\u00f3n, y 80%, cuando se trate de las medidas previstas en el segundo escal\u00f3n.<\/p>\n\n

1.4.- Est\u00edmulos a la refinanciaci\u00f3n.<\/p>\n\n

\nLos acreedores que se enfrentan a un proceso de refinanciaci\u00f3n recibieron en la norma que comentamos ciertos est\u00edmulos para ello que conviene tener presentes. As\u00ed, una de las f\u00f3rmulas por las que apuesta el legislador es la capitalizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos: para potenciarla, se estableci\u00f3 que los acreedores que capitalicen directa o indirectamente todo o parte de sus cr\u00e9ditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciaci\u00f3n no tendr\u00e1n, pues pasan a integrarse o incluso a administrar la compa\u00f1\u00eda, la consideraci\u00f3n de personas especialmente relacionadas con el concursado (art. 93.2.2\u00ba LC) respecto de los cr\u00e9ditos que hubieran otorgado como consecuencia de la refinanciaci\u00f3n, lo que significa que en un eventual concurso posterior no ser\u00e1n subordinados por esos cr\u00e9ditos; se presume dolo o culpa grave (salvo prueba en contrario) en la generaci\u00f3n o agravaci\u00f3n del estado de insolvencia si el deudor se hubiera negado a la capitalizaci\u00f3n sin causa razonable (que concurre si as\u00ed se declara mediante informe de experto independiente con anterioridad a la negativa del deudor), en los t\u00e9rminos que especifica el art\u00edculo 165.4 LC; y dentro de las personas afectadas por la calificaci\u00f3n culpable del concurso que el Juez puede hacer en su sentencia, se pueden incluir a los socios que se hubieran negado a la capitalizaci\u00f3n, en funci\u00f3n de su grado de contribuci\u00f3n a la formaci\u00f3n de la mayor\u00eda necesaria para el rechazo del acuerdo.<\/p>\n\n\n

\nOtra medida de est\u00edmulo es un nuevo avance en el privilegio de los nuevos ingresos de tesorer\u00eda, el llamado \u201cfresh money\u201d: el RDL 4\/2014 estableci\u00f3 que, durante los dos a\u00f1os siguientes a su entrada en vigor, ser\u00e1n cr\u00e9ditos contra la masa, es decir, prededucibles y de pago a vencimiento, el 100% de los nuevos ingresos de tesorer\u00eda concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciaci\u00f3n suscrito despu\u00e9s del 9 de marzo de 2014; al 9 de marzo de 2016, ser\u00e1n cr\u00e9dito contra la masa solamente el 50% del dinero inyectado, y el restante 50% pasar\u00e1 a tener la consideraci\u00f3n de cr\u00e9dito con privilegio general.<\/p>\n\n\n

2.- 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014: CONVENIO Y LIQUIDACI\u00d3N.<\/p>\n\n

La labor del legislador, apremiado por las urgencias que la realidad le mostraba, no se detuvo con la modificaci\u00f3n que en materia preconcursal supuso el RDL 4\/2014. Mientras el Parlamento tramitaba la ley que diera cobertura y convalidara ese RDL, se tramitaba otro, el Real Decreto-Ley 11\/2014, de 5 de septiembre,<\/i> de medidas urgentes en materia concursal, que se centra en otros aspectos de la LC que necesitaban ser remozados para mejorar su eficacia, concretamente en materia de convenio y de liquidaci\u00f3n concursal y con el objetivo de facilitar la continuidad de las empresas econ\u00f3micamente viables.<\/p>\n\n

El RDL 11\/2014 entr\u00f3 en vigor el 7 de septiembre de 2014 [ 1 ]<\/a>. Sus aspectos m\u00e1s relevantes son los siguientes.<\/p>\n\n

2.1.- Sobre el convenio.<\/p>\n\n

La experiencia adquirida con las reflexiones en torno a los convenios preconcursales convenci\u00f3 al legislador de la oportunidad de aproximar a \u00e9stos los convenios puramente concursales, es decir, los tramitados y obtenidos en el seno del proceso concursal, cuyo escaso n\u00famero en los a\u00f1os transcurridos desde la entrada en vigor de la misma LC eran y son a\u00fan la prueba palpable de la escasa eficacia de este proceso universal para asegurar la viabilidad de las compa\u00f1\u00edas en crisis.<\/p>\n\n

\nEsto es as\u00ed hasta el punto de que se introduce por medio de este RDL una figura que ya estaba dando frutos en la realidad pr\u00e1ctica, de mano de instituciones diversas como la mera transacci\u00f3n o la anta\u00f1ona novaci\u00f3n contractual, como es lo que podemos llamar la refinanciaci\u00f3n de los convenios, es decir, la renegociaci\u00f3n de convenios judiciales ya aprobados antes de la entrada en vigor de este RD 11\/2014, esquivando la liquidaci\u00f3n de la sociedad. As\u00ed se recoge en la Disp. Transitoria 2\u00aa, para convenios aprobados en aplicaci\u00f3n de la normativa anterior y que sean incumplidos en los dos a\u00f1os siguientes a dicha fecha, siempre que se alcancen determinados porcentajes de adhesi\u00f3n de acreedores a la propuesta de modificaci\u00f3n. La novedad es significativa, pues no s\u00f3lo se permite refinanciar un convenio ya aprobado sin ir a liquidaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s se extiende el acuerdo a los acreedores disidentes si se cuenta con esos porcentajes de pasivo a favor.<\/p>\n\n

\nLa mencionada idea de acercar el r\u00e9gimen del convenio de acreedores al previsto para la homologaci\u00f3n de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n en la Disp. Adicional 4\u00aa de la LC, no obstante, se traduce sustancialmente en esto:<\/p>\n\n

Siguiendo una tesis doctrinal que desde hace a\u00f1os postulaba un cambio de concepto de lo que deba ser o no un cr\u00e9dito privilegiado - de la misma forma que se discut\u00eda y discute lo que deba ser la subordinaci\u00f3n -, se aborda en efecto una nueva perspectiva a la hora de calificar a un cr\u00e9dito como privilegiado: considerando prevalente la relevancia econ\u00f3mica del cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n, el RDL 11\/2014 modifica el art\u00edculo 90 LC y limita el alcance de dicho privilegio a la parte del cr\u00e9dito que no exceda del valor de la respectiva garant\u00eda; la parte del cr\u00e9dito que supere dicho importe ser\u00e1 calificada seg\u00fan su naturaleza (expresi\u00f3n \u00e9sta que ha sido y es fuente de problemas, en los que no cabe entrar ahora). Siguiendo el precedente preconcursal, el valor de la garant\u00eda real ser\u00e1 el que resulte de deducir, de los 9\/10 del valor razonable (igualmente definido) del bien o derecho sobre el que recae la garant\u00eda, las deudas pendientes que gocen de garant\u00eda preferente sobre el mismo bien. En ning\u00fan caso el valor puede ser inferior a cero ni superior al valor del cr\u00e9dito privilegiado ni al valor de la responsabilidad m\u00e1xima hipotecaria o pignoraticia que se hubiera pactado.<\/p>\n\n

Atribuci\u00f3n del derecho de voto en la junta a algunos acreedores que hasta ese momento no votaban, como aqu\u00e9llos que hubieran adquirido sus cr\u00e9ditos con posterioridad a la declaraci\u00f3n de concurso, aun cuando no se trate de entidades financieras sujetas a supervisi\u00f3n ni de adquisiciones realizadas a t\u00edtulo universal como consecuencia de una realizaci\u00f3n forzosa, como antes se exig\u00eda.><\/p>\n\n

Extensi\u00f3n del concepto de persona especialmente relacionada con el deudor, que por ello es titular de cr\u00e9ditos subordinados: terminando con la pol\u00e9mica doctrinal y jurisprudencial existente hasta ese momento, el RDL 11\/2014 se\u00f1ala que son persona especialmente relacionada los acreedores del concursado persona jur\u00eddica cuando, en el momento del nacimiento del cr\u00e9dito, sean titulares indirectamente del 10% de su capital social o del 5% si la sociedad tiene valores admitidos a negociaci\u00f3n en mercado secundario oficial; e igualmente en caso de concursado persona jur\u00eddica se incluyen como persona especialmente relacionada a las personas especialmente relacionadas de los socios que fueran personas f\u00edsicas (entre otros, su c\u00f3nyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, y las personas jur\u00eddicas que estos controlen o gestionen).<\/p>\n\n

Modificaci\u00f3n en el contenido posible del convenio: se permite que la propuesta de convenio integre, entre otras, las siguientes medidas: quitas y esperas por encima de los l\u00edmites hasta ahora previstos por la LC, siempre y cuando sean acordadas por un determinado porcentaje del pasivo, sin necesidad de autorizaci\u00f3n judicial; transformaci\u00f3n en instrumentos financieros de rango, vencimiento o caracter\u00edsticas distintas de la deuda original, cuando se obtengan ciertas mayor\u00edas, y cesi\u00f3n en pago de bienes y derechos no necesarios para la continuaci\u00f3n de la actividad profesional y empresarial, siempre que el valor del bien o derecho sea igual o inferior al cr\u00e9dito que se extingue (si no fuera as\u00ed, se deber\u00e1 reintegrar la diferencia).<\/p>\n\n

Nuevo r\u00e9gimen de mayor\u00edas para aprobar el convenio, que pasa a depender del contenido del acuerdo: mayor\u00eda simple para aprobar una espera no superior a 3 a\u00f1os o una quita no superior al 20% del importe del cr\u00e9dito; mayor\u00eda del 50% del pasivo ordinario para una quita igual o inferior al 50% del importe del cr\u00e9dito, una espera de hasta 5 a\u00f1os, o la conversi\u00f3n de la deuda en pr\u00e9stamos participativos durante el mismo plazo m\u00e1ximo (salvo cr\u00e9ditos p\u00fablicos o los laborales, a los que esto no se les aplica); mayor\u00eda del 65% del pasivo ordinario para una quita superior al 50% del cr\u00e9dito, una espera de entre 5 y 10 a\u00f1os, la conversi\u00f3n de la deuda en pr\u00e9stamos participativos durante el mismo plazo, capitalizaciones de la deuda, obligaciones convertibles, los pr\u00e9stamos subordinados y los pr\u00e9stamos con intereses capitalizables, as\u00ed como para cesiones en pago (igualmente dejando a salvo los cr\u00e9ditos p\u00fablicos o los laborales).<\/p>\n\n

2.1.- Sobre la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n

El objetivo central del RD 11\/2014 en materia de liquidaci\u00f3n es facilitar la transmisi\u00f3n de las unidades productivas del concursado, verdadera clave del \u00e9xito de las liquidaciones judiciales y n\u00facleo del actual mercado, muy activo, de distress M&A, lo que se concreta en la introducci\u00f3n del nuevo art\u00edculo 146bis, aplicable igualmente, con acierto, a las ventas en fase com\u00fan. Las modificaciones m\u00e1s relevantes son \u00e9stas:<\/p>\n\n

En una decisi\u00f3n que est\u00e1 siendo controvertida en su alcance, el RD 11\/2014 impuso la subrogaci\u00f3n del adquirente de la unidad productiva en los contratos y en las licencias o autorizaciones administrativas de que fuera titular el concursado, salvo que el adquirente manifieste expresamente su intenci\u00f3n de no subrogarse. Esto supone un nuevo caso de ruptura del Derecho Concursal con las reglas tradicionales para estos casos, aunque resulta de enorme inter\u00e9s, por ejemplo, para las licencias de patentes y marcas. En todo caso, ello se entiende sin perjuicio, a efectos laborales, de la sucesi\u00f3n de empresa y la normativa laboral, que queda a salvo (aunque el juez del concurso puede seguir eximiendo al adquirente de pagar la parte asumida por el FOGASA).<\/p>\n

\nSalvo lo que acaba de decirse respecto a la TGSS, el adquirente no asume los cr\u00e9ditos (concursales o contra la masa) no satisfechos por el concursado antes de la transmisi\u00f3n, salvo que lo haga expresamente, exista disposici\u00f3n legal en contrario o el adquirente de la unidad productiva sea persona especialmente relacionada con el deudor.<\/p>\n

\nPara que las liquidaciones, sumamente sensibles a la urgencia de los compradores, no se paralicen, se introduce la posibilidad de que el juez del concurso acuerde la retenci\u00f3n del 10% de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones.<\/p>\n

\nSi la liquidaci\u00f3n recae sobre bienes y derechos incluidos en la unidad productiva y afectos a un cr\u00e9dito con privilegio especial, hay que diferenciar seg\u00fan la transmisi\u00f3n opere sin o con subsistencia de la garant\u00eda:<\/p>\n

\nSi se transmiten sin subsistencia de la garant\u00eda, corresponder\u00e1 a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho suponga respecto del valor global de la unidad productiva. No ser\u00e1 necesario el consentimiento del acreedor privilegiado si el precio que percibe es igual o superior al valor de la garant\u00eda. En otro caso, ser\u00e1 necesario que manifiesten su conformidad los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada, que representen el 75% del pasivo privilegiado afectado por la transmisi\u00f3n y que pertenezcan a la misma clase seg\u00fan el art. 94 LC.<\/p>\n

\nSi se transmiten con subsistencia de la garant\u00eda,<\/i> es decir, subrog\u00e1ndose el adquirente de la unidad productiva en la obligaci\u00f3n del concursado, no ser\u00e1 necesario el consentimiento del acreedor y el cr\u00e9dito quedar\u00e1 excluido de la masa pasiva del concurso.<\/p>\n\n\n

3.- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014: LA ADMINISTRACI\u00d3N CONCURSAL.<\/p>\n\n

Como antes se dijo, mientras se confeccionaba el RDL 11\/2014, el Gobierno trabajaba tambi\u00e9n en la ley derivada del RDL 4\/2014, de marzo de ese a\u00f1o, que fue convalidado por el Congreso y luego tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. As\u00ed ocurri\u00f3 que, publicado el RDL 11\/2014, el 1 de octubre de 2014 se public\u00f3 en el BOE la Ley 17\/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de deuda empresarial.<\/i><\/p>\n\n

\nAbordaremos esta ley en sus dos partes nucleares: la confirmaci\u00f3n de las medidas ya vistas del RDL 4\/2014 en torno a las medidas de refinanciaci\u00f3n, y las medidas que durante la tramitaci\u00f3n parlamentaria se han incorporado a la ley referidas a la administraci\u00f3n concursal.<\/p>\n\n\n

3.1.- Novedades en relaci\u00f3n con el RDL 4\/2014.<\/p>\n\n

Comunicaci\u00f3n previa del art\u00edculo 5 bis LC: la Ley 17\/2014 se hace eco de los acuerdos judiciales para homologar criterios entre los distintos Juzgados (concretamente los de Catalu\u00f1a) y deja claro que la paralizaci\u00f3n de ejecuciones por la presentaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n del art\u00edculo 5 bis LC afecta tambi\u00e9n a las ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n

\nNo obstante, la reforma operada por la Ley 17\/2014 no aclar\u00f3 dudas importantes y que inmediatamente saltaron a las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil (por ejemplo, auto del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 1 de Granada de 17 de marzo de 2014, AAP de Ja\u00e9n de 26 de junio de 2014, auto del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 1 de Alicante de 27 de octubre de 2014), b\u00e1sicamente sobre cu\u00e1l es el Juzgado competente para decidir sobre la suspensi\u00f3n solicitada, y sobre si el que resulte competente lo es tanto para determinar si concurren los presupuestos de la comunicaci\u00f3n previa (negociaci\u00f3n de un acuerdo de refinanciaci\u00f3n, de una propuesta anticipada de convenio o de un acuerdo extrajudicial de pagos), como para valorar los presupuestos de la suspensi\u00f3n derivada en las ejecuciones (car\u00e1cter necesario o no del bien, condici\u00f3n de acreedor titular de pasivo financiero o concurrencia del 51% de los acreedores titulares de pasivo financiero en el inicio de la negociaci\u00f3n). En la jurisprudencia menor estas cuestiones hab\u00edan sido resueltas en sentidos diversos (entre otros, auto del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 1 de Granada, de 17 de marzo de 2014, decreto del Secretario Judicial del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 6 de Logro\u00f1o de 6 de mayo de 2014, auto de la Audiencia Provincial de Ja\u00e9n, de 26 de junio de 2014, decreto del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona n\u00ba 38 de 14 de mayo de 2014, auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 27 de octubre de 2014, providencia del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra n\u00ba 2 de 6 de junio de 2014).<\/p>\n

\nHomologaci\u00f3n judicial de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n: adem\u00e1s de los acreedores por operaciones comerciales y a los acreedores de pasivos de derecho p\u00fablico, quedan fuera tambi\u00e9n del concepto de acreedores de pasivos financieros los acreedores por cr\u00e9ditos laborales; se permite solicitar la homologaci\u00f3n del acuerdo, no s\u00f3lo al deudor, sino tambi\u00e9n a los acreedores que lo hayan suscrito; el plazo para que el juez dicte sentencia en el incidente por impugnaci\u00f3n de la homologaci\u00f3n del acuerdo es de 30 d\u00edas.<\/p>\n\n\n

3.2.- Modificaciones en el estatuto de la administraci\u00f3n concursal.<\/p>\n\n

La verdadera novedad del la Ley 17\/2014, sin embargo, radica en las normas que acompa\u00f1aron a la confirmaci\u00f3n del RDL 4\/2014, una novedad que nada tiene que ver con el Derecho Preconcursal. El Gobierno aprovech\u00f3 esta ley para tratar de hacer evolucionar una instituci\u00f3n central en el concurso de acreedores y que en los \u00faltimos tiempos - no entro en la justicia o no de esta situaci\u00f3n - ha estado y est\u00e1 en el ojo del hurac\u00e1n: la administraci\u00f3n concursal. De hecho, se trata de una reforma inacabada, a\u00fan pendiente.<\/p>\n\n

\n En primer lugar, se aborda el problema de las listas de candidatos al nombramiento, que no han sido nunca depuradas. La Ley 17\/2014 establece la necesidad de que las personas que vayan a ejercer como administradores concursales cumplan determinados requisitos y que ir\u00e1n referidos a la superaci\u00f3n de pruebas o cursos de conocimientos espec\u00edficos, adem\u00e1s de inscribirse en la secci\u00f3n cuarta del Registro P\u00fablico Concursal, que es creada al efecto. Qu\u00e9 pruebas hayan de ser \u00e9stas, qui\u00e9nes integren esos tribunales o c\u00f3mo regular ese acceso es algo que queda diferido a la regulaci\u00f3n reglamentaria, de la que, por ahora, las noticias no son muy esperanzadoras.<\/p>\n\n

\nEn consonancia con un prop\u00f3sito de listas depuradas e integrada siempre por perfiles t\u00e9cnicamente solventes en materia concursal y con una m\u00ednima experiencia, se modifica tambi\u00e9n el sistema para el nombramiento judicial del administrador del concurso, fij\u00e1ndose para ello un turno correlativo, que podr\u00e1 ser modificado por el juez en los concursos de gran tama\u00f1o cuando considere que existe un candidato alternativo que por su especializaci\u00f3n o experiencia previa se adec\u00faa mejor a las circunstancias del caso.<\/p>\n\n

\nSe incluye en el nuevo art\u00edculo 33 un elenco de funciones de la administraci\u00f3n concursal, recogiendo las que ya ten\u00eda atribuidas a lo largo del articulado de la LC, distinguiendo las de car\u00e1cter procesal, las propias del deudor o de sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n, las de materia laboral, las relativas a derechos de los acreedores, las funciones de informe y evaluaci\u00f3n, las de realizaci\u00f3n de valor y liquidaci\u00f3n, y las de secretar\u00eda.<\/p>\n\n

\nTambi\u00e9n se retoca un aspecto especialmente sensible, como es el de la remuneraci\u00f3n de la administraci\u00f3n concursal, que como sabemos est\u00e1 fijada por un arancel (RD 1860\/2004, de 6 de septiembre). Sobre la base del principio de eficiencia, se fija un arancel (que ser\u00e1 aprobado reglamentariamente) en funci\u00f3n del n\u00famero de acreedores, la acumulaci\u00f3n de concursos y el tama\u00f1o del concurso, que se devengar\u00e1 conforme se vayan cumpliendo las funciones antes citadas y que podr\u00e1 ser reducido por el juez por el incumplimiento de sus obligaciones, por un retraso en su ejercicio o por la calidad deficiente de sus trabajos.<\/p>\n \n \n

4.- FEBRERO DE 2015: MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.<\/p>\n\n

Si la evoluci\u00f3n que Espa\u00f1a necesitaba en materia de Derecho Preconcursal ha sido cubierta, como hemos visto, y sin perjuicio de lo que habr\u00e1 de venir, con las normas de urgencia y posterior convalidaci\u00f3n que ya hemos examinado, el Real Decreto-Ley 1\/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci\u00f3n de carga financiera y otras medidas de orden social ha supuesto un avance en otra de nuestras asignaturas pendientes, como era el tratamiento de la insolvencia del consumidor, de la persona f\u00edsica y del aut\u00f3nomo necesitados de daciones en pago y condonaciones de deuda que les permitan afrontar un futuro de viabilidad, sin necesidad de soportar siempre y en todo caso por sus deudas la responsabilidad universal, con todos sus bienes presentes y futuros, prevista en el art\u00edculo 1.911 del C\u00f3digo Civil. <\/p> \n

\nEsta universalidad de la responsabilidad patrimonial contrastaba dram\u00e1ticamente con las medidas de rescate financiero de las que se han beneficiado las entidades financieras del pa\u00eds, y penalizaba a la persona f\u00edsica: mientras que la persona jur\u00eddica, merced a los mecanismos de liquidaci\u00f3n, no arrastra su responsabilidad, es decir, \u00e9sta se constri\u00f1e ante sus acreedores a los bienes disponibles (sin perjuicio obviamente de la responsabilidad propia de sus gestores, si fuera el caso), la persona f\u00edsica no se libera de la deuda mientras no est\u00e9 \u00edntegramente abonada con sus intereses, situaci\u00f3n perpetua que s\u00f3lo cesa con el pago, o en su caso, con la caducidad de las acciones ejecutivas de su acreedor. Es m\u00e1s, para muchos ciudadanos y sus familias, seg\u00fan ha demostrado la crisis, la mencionada diferencia con la fictio legis que suponen las personas jur\u00eddicas, junto a la inexistencia de medidas suficientes en la legislaci\u00f3n hipotecaria y la ley del proceso civil, han supuesto simplemente un factor de exclusi\u00f3n social, traducido en la multiplicaci\u00f3n geom\u00e9trica de los desahucios y la amputaci\u00f3n de toda esperanza de futuro.<\/p>\n\n

\n\nEl RDL 1\/2015 fue convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 12 de marzo, inici\u00e1ndose su tramitaci\u00f3n como Proyecto de Ley, todav\u00eda sin publicar.<\/p>\n\n

\nAnunciada desde el mismo debate del estado de la Naci\u00f3n por el presidente del Gobierno como una de sus medidas estrella, la reforma de febrero de 2015, que trata de importar los mecanismos de second chance que ya se conoc\u00edan en otros ordenamientos de nuestro entorno y evoluci\u00f3n, merece una cr\u00edtica importante. No es este el espacio adecuado para hacerlo, dada la finalidad descriptiva que marca estas l\u00edneas; es cierto, y ello no puede negarse, que constituye un primer y por tanto importante paso para tratar de dome\u00f1ar la mencionada universalidad de la responsabilidad de las deudas de las personas f\u00edsicas y de los trabajadores por cuenta propia y aut\u00f3nomos, en un pa\u00eds en el que la abrumadora mayor\u00eda del tejido empresarial se integra por aut\u00f3nomos y PYMES. Se camina por tanto en la buena direcci\u00f3n: permitir a quienes se deciden a emprender la senda del riesgo empresarial contar con una segunda oportunidad si fracasan en la primera y no quedar estigmatizados para siempre, algo que no ocurre en los modelos anglosajones, mucho m\u00e1s pr\u00e1cticos. Pero dada la resistencia a imponer soluciones mucho m\u00e1s claras e inequ\u00edvocas, dada la timidez del legislador ante las consecuencias que la segunda oportunidad tiene en el modelo tradicional de financiaci\u00f3n, se acaba por promulgar una norma muy compleja y con un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n mucho m\u00e1s estrecho de lo esperado, que por ejemplo no contempla la exoneraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos p\u00fablicos de los particulares o pymes.<\/p>\n\n

\n\nSe arranca de lo que ya se conoc\u00eda, de una figura creada a finales de 2013, a trav\u00e9s de la Ley de Emprendedores y al hilo de los acuerdos extrajudiciales de pago, la del mediador concursal, a quien se quiere dotar de la necesaria profesionalidad en el proceso de mediaci\u00f3n que proteja a los deudores m\u00e1s d\u00e9biles y en situaci\u00f3n de asimetr\u00eda. Con este mediador el deudor - siempre que la estimaci\u00f3n inicial del pasivo no supere los 5 millones - debe impulsar una fase de negociaci\u00f3n de cara a sus acreedores y obtener un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de su deuda, el renovado y ampliado en su objeto acuerdo extrajudicial de pago, al que ahora pueden concurrir todas las personas f\u00edsicas, y no como hasta ahora solamente las empresarias. Durante el plazo de las negociaciones extrajudiciales se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.<\/p>\n\n\n

\nEn caso de que esta opci\u00f3n no prospere o no se ajuste a las circunstancias del deudor, se acudir\u00e1 como siempre al concurso consecutivo de acreedores, que sin embargo podr\u00e1 acabar en la exoneraci\u00f3n de las deudas pendientes tras la liquidaci\u00f3n, siempre y cuando se hayan pagado los cr\u00e9ditos no privilegiados, contra la masa y el 25% de los cr\u00e9ditos ordinarios. A simple vista y por mera l\u00f3gica del escenario de insolvencia en el que nos movemos, se aprecia que se trata de un requisito de exoneraci\u00f3n muy exigente y restrictivo.<\/p>\n\n\n

\nSi no se han podido cumplir esos objetivos, el Juez puede tambi\u00e9n imponer al deudor de buena fe un plan de pagos a cinco a\u00f1os, durante los cuales el cr\u00e9dito hipotecario tendr\u00e1 un tipo equivalente al eur\u00edbor m\u00e1s el 0,25 por ciento. Ello supondr\u00e1 para el deudor figurar durante cinco a\u00f1os en un registro p\u00fablico, pero si el plan se cumple, el ciudadano quedar\u00e1 liberado del resto de su deuda. Sin embargo, si en ese periodo mejora la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del deudor o se descubre que ha ocultado patrimonio, este deber\u00e1 asumir toda la deuda condonada.<\/p>\n\n

\nSe trata de una posibilidad de exoneraci\u00f3n que se extiende a los casos de conclusi\u00f3n anticipada del concurso por inexistencia de masa activa, pudiendo el deudor de buena fe que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos solicitar la exoneraci\u00f3n del pasivo no satisfecho, en los t\u00e9rminos del nuevo art\u00edculo 178bis de la LC.<\/p>\n\n

\nEl acreedor hipotecario mantiene la capacidad de ejecutar su garant\u00eda, de modo que la deuda exonerada ser\u00e1 el remanente despu\u00e9s de ejecutarla, pues hasta ahora sigue viva y puede ser objeto de nuevas ejecuciones ordinarias.<\/p>\n\n

\nPrecisamente por ello, el RDL 1\/2015 va acompa\u00f1ado de normas relativas a la propia ejecuci\u00f3n hipotecaria y las posibilidades de detenerla o modularla, como son las relativas al llamado C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas para la reestructuraci\u00f3n viable de las deudas con garant\u00eda hipotecaria sobre la vivienda habitual, que pretende proteger a los deudores hipotecarios sin recursos, tanto en su versi\u00f3n inicial (publicada por otra norma de urgencia, el Real Decreto-Ley 6\/2012) como en la posterior incluida en la Ley 1\/2013, al que se han suscrito casi todas las entidades financieras y establecimientos de cr\u00e9dito. El \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de estas medidas de car\u00e1cter social, que permiten a ciertos deudores acogerse a compromisos - no vinculantes para los bancos y cajas - de medidas alternativas para reestructurar la deuda familiar o lograr daciones en pago, ha sido igualmente objeto de cr\u00edticas m\u00e1s o menos aceradas, aunque quien suscribe prefiere contemplarlas por el avance que supusieron en el desierto que hasta fechas recientes supon\u00eda, antes este fen\u00f3menos, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una carencia de soluciones que s\u00f3lo la sensibilidad de algunos jueces, su interpretaci\u00f3n del Derecho Comunitario y su apelaci\u00f3n directa al mismo TJUE, lograba mitigar.<\/p>\n\n

Finalmente, interesa destacar que, adem\u00e1s de todo lo anterior, el RDL 1\/2015 introdujo ciertas mejoras t\u00e9cnicas en el art. 93.2.2\u00ba de la LC (personas especialmente relacionadas con el concursado persona jur\u00eddica), una mejora que poco despu\u00e9s, como enseguida veremos, fue replicada por la Ley 9\/2015 respecto del apartado 1\u00ba del mismo precepto (es decir, para las personas especialmente relacionadas con el concursado persona f\u00edsica). El mismo ejercicio se har\u00eda con los cambios introducidos en el art\u00edculo 94.5 LC por el RDL 1\/2015, que delimit\u00f3 tambi\u00e9n los informes requeridos para la valoraci\u00f3n de las garant\u00edas, estableci\u00f3 una regla para el c\u00e1lculo del valor de bienes o derechos denominados en moneda distinta al euro y consider\u00f3 el coste de estos informes como cr\u00e9dito contra la masa.\n<\/p>\n\n

5.- MAYO DE 2015: REFINANCIACI\u00d3N, CONVENIO, LIQUIDACI\u00d3N, CALIFICACI\u00d3N CONCURSAL.<\/p>\n\n

Si Volvamos unos meses atr\u00e1s y recordemos el Real Decreto-Ley 11\/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que se centr\u00f3, como ya hemos examinado, en aspectos de la LC que necesitaban ser remozados para mejorar su eficacia, concretamente en materia de convenio y de liquidaci\u00f3n concursal. Pues bien, dictada entre tanto la Ley 17\/2014 en materia de refinanciaci\u00f3n y administraci\u00f3n concursal (derivada del RDL 4\/2014), as\u00ed como el RDL 1\/2015 en materia de segunda oportunidad, fue a finales de mayo de 2015 que el RDL 11\/2014, convalidado por el Congreso y tramitado con posterioridad como proyecto de ley, acab\u00f3 por plasmarse en la Ley 9\/2015, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que entr\u00f3 en vigor el 27 de mayo de 2015.<\/p> \n\n

\nLas novedades m\u00e1s significativas de esta nueva reforma son las siguientes:<\/p>\n\n

5.1.- Sobre la comunicaci\u00f3n previa y los acuerdos de refinanciaci\u00f3n.<\/p>\n\n

\nEl art\u00edculo 5bis, es decir, la comunicaci\u00f3n previa del inicio de negociaciones con los acreedores, vuelve a ser retocado, centr\u00e1ndose la reforma en la paralizaci\u00f3n de las ejecuciones para disipar las dudas que hab\u00eda generado la reforma operada por la Ley 17\/2014. De esta forma, se establece que la comunicaci\u00f3n que el deudor remita al juzgado deber\u00e1 expresar los procedimientos ejecutivos que se siguen contra su patrimonio, indicando los que afectan a bienes que considera necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial; el juez competente para conocer del concurso ser\u00e1 el encargado de resolver las controversias que pudieran plantearse respecto al car\u00e1cter necesario o no del bien, pero ser\u00e1 el juez que conozca de la ejecuci\u00f3n qui\u00e9n suspenda su tramitaci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del secretario del juzgado competente para conocer del concurso.<\/p>\n\n

\nRespecto a los acuerdos de refinanciaci\u00f3n y su homologaci\u00f3n judicial, la Ley 9\/2015 introduce algunas novedades. Cabe destacar, entre otras, las referidas al valor de la garant\u00eda real: mientras que hasta este momento la norma establec\u00eda que no pod\u00eda ser superior al valor del cr\u00e9dito, se se\u00f1ala ahora que dicho valor no podr\u00e1 superar el valor de la responsabilidad m\u00e1xima hipotecaria o pignoraticia que se hubiera pactado. Adem\u00e1s, ya no ser\u00e1 necesario informe de experto independiente cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electr\u00f3nico o imposiciones a plazo fijo (excluy\u00e9ndose de esa excepci\u00f3n de informe, por tanto, a los inmuebles).<\/p>\n\n\n

5.2.- Sobre el convenio.<\/p>\n\n

\nEntre las reformas, aclaraciones y correcciones que introduce la Ley 9\/2015 en materia de convenio, destacan dos:<\/p>\n\n

\nEn lo que hace al quorum de constituci\u00f3n de la junta de acreedores, se incluyen ahora en el c\u00f3mputo a los acreedores privilegiados en la medida que puedan verse afectados por el convenio. As\u00ed, la junta de acreedores se entender\u00e1 v\u00e1lidamente constituida, aunque no se hubiera alcanzado la concurrencia de la mitad del pasivo ordinario, siempre que concurran acreedores que representen al menos la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por el convenio, manteniendo la exclusi\u00f3n de los acreedores subordinados.<\/p>\n

\nPor lo que se refiere a las mayor\u00edas necesarias para la aprobaci\u00f3n del convenio, se se\u00f1ala que para su c\u00f3mputo se considerar\u00e1n incluidos en el pasivo ordinario los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor de la propuesta. En caso de no alcanzarse dichas mayor\u00edas, el convenio quedar\u00e1 rechazado.<\/p>\n\n

5.3.- Sobre la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n

\nLa Ley 9\/2015, dentro de las reglas supletorias de liquidaci\u00f3n del art\u00edculo 149 LC (es decir, las aplicables cuando no se apruebe un plan de liquidaci\u00f3n o cuando no contemple la operaci\u00f3n de que se trate), aclara que solo son normas de car\u00e1cter supletorio las contenidas en el apartado 1 - la enajenaci\u00f3n de unidades productivas en liquidaci\u00f3n y las operaciones de liquidaci\u00f3n que supongan una modificaci\u00f3n sustancial de las condiciones de trabajo de car\u00e1cter colectivo -.<\/p>\n\n

\nSe permite ahora al juez adjudicar los bienes a la oferta con precio inferior cuando este no difiera en m\u00e1s del 15% (antes era del 10%) del resto y garantice en mayor medida la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo y la satisfacci\u00f3n de los acreedores.<\/p>\n

\nSe excluye la subrogaci\u00f3n del adquirente aunque subsista la garant\u00eda cuando se trate de cr\u00e9ditos tributarios y de seguridad social.<\/p>\n\n

\nPor lo que se refiere a la realizaci\u00f3n de bienes y derechos afectos a cr\u00e9ditos con privilegio especial, se a\u00f1ade un nuevo p\u00e1rrafo al art\u00edculo 155.4 LC para permitir al acreedor privilegiado hacerse con el importe que se obtenga en la realizaci\u00f3n sin que dicho importe pueda exceder al de la deuda originaria. El resto corresponder\u00e1, en su caso, a la masa activa.\n<\/p>\n\n\n

5.4.- Sobre calificaci\u00f3n del concurso.<\/p>\n\n

\nDestaquemos dos novedades importantes en la Secci\u00f3n 6\u00aa del concurso, la destinada a depurar las responsabilidades concurrentes en la insolvencia.<\/p>\n\n

\nPor una parte, la regla general del art\u00edculo 164 LC, es decir, que la calificaci\u00f3n culpable de un concurso precisa de dolo o culpa grave en la generaci\u00f3n o agravaci\u00f3n del estado de insolvencia, pasa a integrar una referencia expresa a la participaci\u00f3n de los socios en tal generaci\u00f3n o agravaci\u00f3n cuando se d\u00e9 el supuesto contemplado en el art\u00edculo 165.2 LC (incumplimiento del deber de colaboraci\u00f3n).<\/p>\n

\nPor otra parte, las propias presunciones de culpabilidad se retocan: la presunci\u00f3n de concurso culpable relativa a la falta de asistencia a la junta de acreedores exige ahora que la participaci\u00f3n en la reuni\u00f3n hubiera sido determinante para la adopci\u00f3n del convenio; y se importa de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n y se extiende a los acuerdos extrajudiciales de pago la presunci\u00f3n iuris tantum de concurso culpable cuando la frustraci\u00f3n del acuerdo se deba a la negativa de los socios o administradores, sin causa razonable, a la capitalizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos o emisi\u00f3n de valores o instrumentos convertibles pactada en el acuerdo.<\/p>\n\n \n

\n

[1] Sobre las complicadas normas de derecho transitorio de esta norma, puede consultarse Revista Aranzadi Doctrinal n\u00ba 7\/2014, \u201cNueva Reforma de la Ley Concursal: aplicaci\u00f3n transitoria del RDLey 11\/2014\u201d, de mi autor\u00eda. <\/i> <\/p>\n\n<\/div>\n \n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2024<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

Litigaci\u00f3n internacional compleja y financiaci\u00f3n de litigios<\/p><\/a><\/article>

La levedad de los actuales mecanismos de alerta temprana en Espa\u00f1a<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2023<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

El contrato de suministro ante la insolvencia: Reestructuraci\u00f3n empresarial y concurso de acreedores<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2022<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

\u00bfPuede un particular reclamar a un Estado miembro por los da\u00f1os sufridos en su salud a causa del incumplimiento de las exigencias contenidas en la Directiva 2008\/50 respecto a la superaci\u00f3n de los valores l\u00edmite de la calidad del aire?<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2020<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

La retribuci\u00f3n de la administraci\u00f3n concursal tras la entrada en vigor del nuevo texto refundido de la Ley Concursal: El l\u00edmite anual en fase de liquidaci\u00f3n<\/p><\/a><\/article>

Texto Refundido de la Ley Concursal: La declaraci\u00f3n del concurso y los aspectos procesales<\/p><\/a><\/article>

Cambios en la Ley Concursal: La exoneraci\u00f3n del pasivo insatisfecho. La Directiva de Segunda Oportunidad<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2019<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

Contrato de franquicia: exclusividad territorial, pactos de no competencia, confidencialidad. Franquicia y competencia desleal<\/p><\/a><\/article>

Study on the passing-on of overcharges<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2018<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

A vueltas con el export manufacturing waiver<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2016<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

Responsabilidad tributaria de la administraci\u00f3n concursal durante el concurso: La STCJ de 27 de abril de 2016<\/p><\/a><\/article>

LAS MARCAS OLFATIVAS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE MARCA DE LA UNI\u00d3N EUROPEA<\/p><\/a><\/article>

EL EMPLEO DE LA MARCA AJENA EN LA PROMOCI\u00d3N DEL MEDICAMENTO GEN\u00c9RICO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACI\u00d3N DEL INNOVADOR<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2015<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

LAS CUOTAS DE URBANIZACI\u00d3N DE LAS JUNTAS DE COMPENSACI\u00d3N COMO CR\u00c9DITO CONCURSAL CON PRIVILEGIO ESPECIAL<\/p><\/a><\/article>

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA TERRITORIAL EN LA REFORMA DE LA LEY DE PATENTES: LA CONCENTRACI\u00d3N ESPECIALIZADA<\/p><\/a><\/article>

LEY CONCURSAL: LA EJECUCI\u00d3N PARA PAGO DE LOS CR\u00c9DITOS CONTRA LA MASA<\/p><\/a><\/article>

UNA TREGUA PARA LA ADMINISTRACI\u00d3N CONCURSAL<\/p><\/a><\/article>

La Ley Concursal, en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas<\/p><\/a><\/article>

LEY CONCURSAL: LA EJECUCI\u00d3N PARA PAGO DE LOS CR\u00c9DITOS CONTRA LA MASA<\/p><\/a><\/article>

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA TERRITORIAL EN LA REFORMA DE LA LEY DE PATENTES: LA CONCENTRACI\u00d3N ESPECIALIZADA<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2014<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

LA CREACI\u00d3N DE ENTIDADES DE GESTI\u00d3N DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SEG\u00daN LA LEY DE GARANT\u00cdA DE LA UNIDAD DE MERCADO Y LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL<\/p><\/a><\/article>

EL EFECTO RETROACTIVO DEL ADPIC SOBRE LAS PATENTES DE PRODUCTO FARMAC\u00c9UTICO EN ESPA\u00d1A: ESTADO DE LA CUESTI\u00d3N EN LOS TRIBUNALES<\/p><\/a><\/article>

LEY CONCURSAL Y RESCISI\u00d3N DE GARANT\u00cdAS FINANCIERAS: LA APLICACI\u00d3N IRRETROACTIVA DEL FRAUDE DE ACREEDORES<\/p><\/a><\/article>

LA PROTECCI\u00d3N DE LOS EMBARGOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONCURSO DE ACREEDORES: A PROP\u00d3SITO DE LA STCJ DE 31 DE MARZO DE 2014<\/p><\/a><\/article>

A vueltas con la bioapariencia y su solicitud como argumento comercial<\/p><\/a><\/article>

EL NUEVO ART\u00cdCULO 5 BIS DE LA LEY CONCURSAL TRAS LA REFORMA DE 2014<\/p><\/a><\/article>

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: m\u00e1s problemas que soluciones<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2013<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

LAS PATENTES FARMAC\u00c9UTICAS EN CASO DE INFRACCI\u00d3N INMINENTE Y LA ADOPCI\u00d3N DE MEDIDAS CAUTELARES<\/p><\/a><\/article>

Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia<\/p><\/a><\/article>

LOS HONORARIOS DE LA ADMINISTRACI\u00d3N CONCURSAL EN CASO DE CONCLUSI\u00d3N ANTICIPADA POR INSUFICIENCIA DE MASA<\/p><\/a><\/article>

LA PLURALIDAD DE ACREEDORES EN EL CONCURSO, SEG\u00daN LA DGRN<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPublicados en 2012<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

LA SIGUIENTE FRONTERA: INNOVACI\u00d3N FARMAC\u00c9UTICA Y COMPETENCIA DESLEAL<\/p><\/a><\/article><\/section><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculos de inter\u00e9s La Ley Concursal, en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas DESCARGAR ART\u00cdCULO EN PDF Publicado: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, n\u00ba 75 mayo-agosto 2015, \u201cLa Ley Concursal en constante evoluci\u00f3n: \u00faltimas reformas\u201d, pags. 47-69. Autor: Blas A. Gonz\u00e1lez Navarro Socio fundador Blas A. Gonzalez Abogados Abogado, ex-socio Cuatrecasas. Magistrado … Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-2289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articulos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blasgonzalez.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}